Minoría Tamil en Sri Lanka: La Suerte de Ser Ciudadanos de Segunda

Por: Diego Alejando Salamanca

Grupo de Estudios Políticos de la Universidad Distrital.

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Pese a la presión de la comunidad internacional, es aún incierto el destino de más de 60.000 miembros de la comunidad Tamil que habita el norte de la isla de Sri Lanka en las “aldeas de bienestar” habilitadas por el gobierno cingalés.

Tras la reelección del presidente Rajapakse y de la victoria de su partido UPFA (la Alianza Para La Libertad Del Pueblo Unido) en las elecciones legislativas realizadas en Abril, no es de ext

rañar que el pueblo Tamil se encuentre preocupado por las condiciones sociales y políticas que le depararan con un Estado dirigido por un nacionalista cingalés evidentemente hostil a los tamiles, y que prácticamente tendrá vía abierta en el congreso para seguir con su política de “guerra contra el terrorismo” que ha tenido como blanco a la minoría hinduista.

La actual situación de los Tamiles, caracterizada por una fuerte discriminación cultural, una exclusión política, una segregación social, y la violación sistemática de los Derechos Humanos, es el resultado de un largo conflicto étnico-político que tiene sus orígenes después de la independencia del imperio británico en el 48.

La comunidad Tamil – proveniente del sur de India – fue introducida en la isla por los británicos para trabajar como mano de obra barata. Después de la independencia, la mayoría cingalesa instauro un Estado en donde no eran reconocidos los derechos de las minorías musulmanas, cristianas e hinduistas. En 1956 se estableció el idioma cingalés como la lengua oficial de Sri Lanka, lo cual afecto a los Tamiles quienes por tradición colonialista hablaban el ingles, además el budismo se instituyó como la religión oficial de la isla. Estas determinacio

nes del naciente estado de Sri Lanka ya denotaban la marginación social que le esperaría al pueblo Tamil; más allá de las posibles diferencias o incompatibilidades culturales, se hacía manifiesto el deseo de la etnia cingalés de mantener la exclusividad del control el país y el desdeño frente a las necesidades de la otra etnia.

Ya en el año de 1970 se crea una legislación de segregación territorial que obliga a que los asentamientos de los tamiles sean ubicados en el norte de la isla, y cuyo puesto de control seria la improvisada capital de Jaffna. Este hecho causa gran descontento social en los hinduistas, quienes empiezan a protagonizar las primeras protestas masivas en contra del gobierno. Sumado a esto, los intentos y las iniciativas de las incipientes fuerzas políticas de los tamiles generan muy poco impacto en el panorama político de la isla; por un lado, un marcado nacionalismo internalizado en las estructuras estatales – pues la gran mayoría de los cargos públicos eran ocupados por budistas de la etnia cingalesa – que imposibilitaba la incursión burocrática de gentes ajenas a la etnia dominante, lo cual dificultaba las reivindicaciones provenientes del partido Tamil. Por otro lado, en la vida social de Sri Lanka el rechazo hacia los tamiles producido por el extrañamiento cultural, devino en un odio retroalimentando entre ambos pueblos, con lo cual se radicalizaría el conflicto, ganando mas esferas en la vida social, tensionando las relaciones políticas y las relaciones cotidianas.

Como forma de represaría por las cada vez más frecuentes revueltas del pueblo tamil el gobierno decidió en 1976 aislar económicamente a los territorios ocupados por estos. Frente a estas condiciones estructurales tan adversas, en el mismo año nace el LITTE (Tigres de la Liberación Tamil Eelam) como un grupo armado de índole separatista cuyos principales objetivos eran lograr la autonomía política del pueblo Tamil como una nación independiente, con un gobernó propio, alejado del poder de los cingaleses.

En sus primeros años esta guerrilla, iniciada por Velupillai Prabhakaran y su familia, se dedico a la búsqueda de adeptos a su causa entre las demás comunidades tamiles de todo el mundo, y a engrosar sus filas con otros grupúsculos tamiles que habitaban el norte y el noreste de la isla. Como tal, los territorios que los tigres reclamaban eran los que se ubican entre la península de Jaffna y la ciudad de Trincomale al este, territorios que habían sido habitados desde su llegada y colonizados tras la segregación. Los tigres tamiles justificaban la creación de una fuerza armada irregular con el argumento de que la lucha política había sido infructuosa para garantizar las mínimas condiciones de vida dignas de su pueblo, y que sus Derechos Humanos como minoría étnica habían sido violados desde el inicio de la nación esrilanquesa.

El gobierno cingalés no cede a la presión ni a las exigencias de los tigres, de modo que en el año de 1983 se da comienzo a una guerra civil, que según cifras de las Naciones Unidas cobro más de 68.000 vidas en 19 años. Esta guerra civil se caracterizo por una desconsideración hacia la seguridad de la sociedad civil – de ambas partes–, el ejército no dudaba en bombardear las zonas tamiles en busca de bajas guerrilleras, y los tigres usaron una estrategia bélica que combinaba las tácticas clásicas de guerrillas con atentados de bombas con suicidas a locaciones civiles – sobre todo fueron reconocidos los atentados suicidas de mujeres, las llamadas “tigresas negras” – lo que les hizo valer el titulo de ser una organización terrorista por parte de la Unión Europea.

El sangriento conflicto ya había hecho estragos en la economía del país, las numerosas bajas en los combates daban la impresión de que el asunto se había salido de las manos, desestabilizando el poder de los budistas, además las indiscriminadas contraofensivas del ejército, en donde la desaparición, tortura y asesinatos de civiles eran ya frecuentes en el tratamiento del problema empezaban a preocupar los organismos multilaterales y a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.

En el 2002 gracias a la intervención del gobierno de Noruega se dio inicio a los diálogos entre ambas partes, teniendo como resultado un alto al fuego y el compromiso del gobierno cingalés de mejorar las condiciones de vida para los tamiles. En el 2005, tras el tsunami que azotó toda la región el gobierno esrilanqués consintió en repartirse conjuntamente los recursos para las zonas afectadas. En este periodo se auguraba señales de paz, ya que el Estado de tradición inflexible hacia las necesidades tamiles, permitió la representación y participación de líderes tamiles en la dinámica estatal que propiciaran condiciones de igualdad y apoyo civil al pueblo civil tamil, aunque tiempo después los críticos del gobierno acusaron al presidente Rajapakse de simular una participación política que no dejaba de ser ficticia y que solo servía de fachada para mostrar procesos democráticos ante la comunidad internacional

Sin embargo, en este mismo año la paz provisional empezaba a tambalearse por el asesinato del ministro del interior presuntamente realizado por los tigres tamiles, y por el desarrollo militar de esta guerrilla que logró configurar en poco tiempo algunos navíos de combate y en ser el primer grupo insurgente – y el único – en disponer de una fuerza aérea. En el 2008 se da por terminada la tregua ya que ambas partes continuaban combatiendo.

A partir de entonces el gobierno ejecutó una fuerte arremetida militar contra los tamiles, dejándolos cercados en el este e impidiendo el paso de comida y medicinas incluso a la población civil a quienes el gobierno acusaban de apoyar los separatistas. Posteriormente, el LITTE sufrió varios golpes importantes y la falta de provisiones terminó por fragmentar a la guerrilla. Este hecho hizo que a principios del 2009 los tigres tamiles pidieran un alto al fuego al gobierno, propuesta que fue rechazada pues era obvio que el fin de los tigres ya estaba cerca. En el mismo año la muerte en combate de su líder Prabhakaran desmoralizó a la virtualmente acabada guerrilla y obligó al abandono de las armas.

Con la victoria cingalés en marzo del 2009 la población tamil sobreviviente del conflicto fue rápidamente desplazada por el ejército y obligados a acentuarse a las “aldeas de bienestar” que el presidente había ordenado para la ubicación y control de esta minoría. Según versiones de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch y del FTG (Foro Global Tamil) más bien se trató de campos de concentración en donde el pueblo tamil ha estado cercado y confinado, y en donde varios miembros fueron desaparecidos y asesinados con el pretexto de acabar con el terrorismo del LITTE.

El gobierno niega las acusaciones de violaciones a los Derechos Humanos y de la creación de campos de concentración. Según el presidente Rajapakse son falsas estas acusaciones, más bien se trata de una campaña de desprestigio que miembros del LITTE ahora ubicados en el FTG usan para difamar al gobierno, y así legitimar su intención de fundar un Estado separatista (como la reciente visita del FTG al gobierno de Canadá buscando exilio), y que incluso esta campaña de difamación es auspiciada por potencias internacionales como Inglaterra para justificar invasiones extranjeras que amenaza con la soberanía nacional de Sri Lanka y con el Estado legalmente constituido.

Por otro lado, el gobierno prometió que este año se dejarán en libertad a la población tamil retenida y que su detención era necesaria para evitar que miembros del LITTE se escondieran entre los civiles, además la población es protegida y que incluso el gobierno está elaborando en esas aldeas programas de rehabilitación y reinserción social de niños exguerrilleros (pese a que Amnistía Internacional ha denunciado que las condiciones de vida en esas zonas son insalubres y que muchos han muerto por desnutrición).

Lo que agrava más esta situación es que ésta se mantiene oculta ante la opinión mundial, pues el gobierno ha impedido cualquier incursión de prensa internacional o privada, la falta de comunicación no deja establecer cuáles son las situaciones reales en las que se encuentra la población tamil. Frente a estas circunstancias los organismos internacionales continúan presionando para la liberación de esta población, ya que el gobierno de Sri Lanka ha postergado en varias ocasiones esta petición.

Los detractores del gobierno y miembros de la comunidad tamil mundial tachan la situación de un “genocidio silencioso”, mientras que la clase política dominante liderada por Rajapakse argumentan que están defendiendo la seguridad del país con un proceso de “reconciliación e integración nacional”. Lo único claro es que al interior de la minoría étnica existe un ambiente de miedo respecto al porvenir político y social de sus miembros.

Narcotráfico y Gobernabilidad: el caso de México.

Por: Yenny Andrea Ortiz Acosta

Grupo de Estudios Políticos de la Universidad Distrital.

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Hablar del fenómeno del narcotráfico en México es entrar a abordar un terreno lleno de historia y evoluciones. El surgimiento del mercado ilícito de drogas en México estuvo estrechamente ligado con la introducción y ejecución de las políticas prohibicionistas en Estados Unidos. El fenómeno aparece claramente asociado a la organización del contrabando destinado fundamentalmente a satisfacer la demanda de consumidores e importadores de sustancias que habían sido ya prohibidas en EE UU. A medida que los controles se intensificaron, las oportunidades para el contrabando se multiplicaron. Así a pocos años de la promulgación del Acta Harrison de 1914 en EE.UU, en la que estipulo el control de cada fase de la producción, manufacturación y distribución del opio medicinal y todos sus derivados, así como también de la cocaína, declarándose también ilegal la posesión de cualquiera de estas sustancias controladas, sus consecuencias se mostraron con especial y trágica claridad e incluyeron la reclasificación de adictos en criminales y el posicionamiento de México como un importante circuito ilegal de drogas.

Aunque el corazón del mercado estaba al otro lado de la frontera, las condiciones de México en los años 20’s ayudaron al crecimiento del narcotráfico. El gobierno del coronel, político criminal y empresario regional Esteban Cantú se beneficio de las cuotas pagadas por los comerciantes de opio que no solo se cultivaba en la región sino que llegaba de Asia para ser refinado y ser re-exportado al norte. En estos años el turismo a las ciudades fronterizas mexicanas, por parte de los estadounidenses también floreció, para poder conseguir opio y marihuana- que ya se cultivaba en el país desde varias décadas atrás- a bajo precio y sin el problema de la prohibición. Sin duda alguna, el narcotráfico en México se estaba convirtiendo en el mejor de los negocios y aunque los controles por parte del Estado se hacían más fuertes, la prohibición se promulgo pero no se aplico, Cantú se valió de todas las formas posibles para saltarse algunas de las normas e ir entretejiendo los lazos estrechos entre el mercado ilícito y una elite política en asenso. Este poco cumplimiento de la prohibición hizo tensa la relación con Estados Unidos que quería lejos de su frontera el problema de las drogas; pero que en este país se erradicara la producción de heroína hizo que en México se comenzara con su cultivo y que muchos de los traficantes estadounidenses continuaran lucrándose. Por otro lado, los funcionarios políticos de México aunque no simpatizaban con el mercado, muchos si permitieron su funcionamiento para recibir algunos beneficios, asentando los orígenes de la Narcopolitica.

La principal evolución del mercado ilícito de drogas en México está registrada en cómo este paso de las manos del Estado a manos privadas, lo que ha dado como resultado las disputas constantes entre los carteles, y el traspaso de la protección y la seguridad a ejércitos clandestinos y privados, que además han generado una ola de violencia que azota a México de manera estremecedora y a la cual el gobierno quiere hacer frente con más violencia.

Una pregunta que surge en medio de este contexto ya expuesto es ¿por qué el narcotráfico en México es noticia más ahora que antes? Esto tiene que ver con dos aspectos principalmente. El primero es la caída de los carteles colombianos y los profundos controles en Florida, que era el puente de entrada del narcotráfico colombiano, lo cual hizo que se abrieran las puertas al mercado mexicano que de alguna manera tenia entradas más fáciles no solo por ser una bisagra entre Suramérica y Estados Unidos, sino porque tenia personas lo suficientemente entrenadas para hacerle frente al negocio. Y por otro lado, además paradójico aspecto, esta la victoria del PAN ( Partido Oficialista de Acción Nacional) con la presidencia de Vicente Fox, que rompió con la hegemonía de setenta años del PRI( Partido Revolucionario Institucional), lo cual trajo retrocesos en los avances institucionales: el PRI busco que los carteles de la droga convivieran entre ellos para evitar una guerra a muerte, al salir el gobierno, los contactos políticos entre narcos y el Estado se perdieron y la ley de la selva comenzó, por otro lado el PAN al llegar al poder desmantelo los organismos de inteligencia policial que le seguían la pista al narcotráfico y al ver que la violencia aumentada y la economía del narcotráfico iba en asenso, Calderón se vio obligado a enviar al ejercito a hacerle frente al problema.

El narcotráfico en México no es precisamente un problema actual, pero es ahora cuando está en su apogeo, las instituciones mexicanas están siendo totalmente ridiculizadas ante el problema y cada día el narcotráfico gana mas poder.

“colombianización” a la mexicana.

“colombianización”, este ha sido el término utilizado por los medios de comunicación mexicanos frente a las dinámicas del narcotráfico en el país, sin embargo su uso puede ser contraproducente, algunos académicos prefieren que el narcotráfico en México se analice de manera distante frente al fenómeno dado en Colombia, y tienen razón en querer verlo desde dos ópticas diferentes.

Aunque la lógica del negocio sea la misma, las diferencias son grandes dicen los estudiosos del tema. En primer lugar esta que el fortalecimiento actual del mercado en México no cuenta con la protección “extranegocio” que han proporcionado las FARC- quienes encontraron en el narcotráfico y en el secuestro formas de financiarse- o las AUC, pero cabe resaltar que en su época tampoco contaban con su apoyo extra los carteles de Cali y Medellín. Lo segundo es que la producción y tráfico de estupefacientes tiene una larga historia en México –todos los referentes vienen de Sinaloa muy a principios del siglo XX como ya vimos-. Otro punto que haría la diferencia entre los casos del narcotráfico en México y Colombia que vale destacar es el reclutamiento, se ha estimado que el 70% de los cuadros operativos de los carteles mexicanos proviene del ejercito o de las policías, nacionales o regionales; esta es una diferencia crucial porque si bien en Colombia hubo cruce entre los organismos de seguridad y las organizaciones de narcotraficantes, en México la defensa interna se encarga de la logística y la defensa del espacio utilizando medios y herramientas muy sofisticados.

El asesinato del candidato a gobernador del Estado de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, cometido a pocos días de las elecciones, trae a la memoria la muerte del candidato presidencial colombiano, Luis Carlos Galán en 1989, llevada a cabo por el cártel de Medellín.

Antes de 2006, las muertes perpetradas por los cárteles mexicanos abarcaban solamente a policías antinarcóticos, pero luego comenzaron los asesinatos mafiosos de civiles y de políticos que no ingresaron en el circuito del narcotráfico o que colaboraban con bandas rivales. A pesar de que en Colombia, la exportación masiva de drogas comenzó a mediados de la década del 70, la ola de violencia contra civiles se inició una década después. En el México actual, como en Colombia a fines de la década del 80 y comienzos del 90, el vacío de poder y la falta de contención social de grandes masas de excluidos produjo que un poder mayor, el narcotráfico, reemplazara al Estado. Un buen ejemplo de esto está en la llegada de Pablo Escobar como suplente al congreso, donde se ocupo de construir barrios para familias pobres, algo de lo que el Estado ya no se estaba ocupando.

Mientras más avance la corrupción y el poder de los narcos, la democracia y las instituciones van a estar cada vez más resentidas, ya que por ejemplo en varios estados mexicanos las elecciones están supervisadas por los cárteles, que imponen a sus propios candidatos, tal como sucedió en Colombia.

Las fuerzas mexicanas que luchan contra la droga cuentan con la experiencia de los colombianos. Son conscientes de qué métodos utilizar y cuáles no. Pero, por otro lado, los narcos también tienen la experiencia de sus pares colombianos. De acuerdo con el gobierno de México, en los cárteles locales hay miembros de narcos colombianos que asesoran y participan de la venta de drogas a Estados Unidos.

En tanto, una similitud cada vez mayor entre ambos países, pero que en pocos medios se comenta, es el incremento del intervencionismo estadounidense en Bogotá y México. Primero fue el Plan Colombia y ahora el Plan Mérida, mucho más modesto, pero por el que México recibió 1.400 millones de dólares por parte de la Casa Blanca.

Mediante el Plan Mérida, el gobierno mexicano justifica asesinatos, militariza a la sociedad y permite la presencia de asesores norteamericanos expertos en narcotráfico y en inmigración ilegal. Al mismo tiempo, Washington evita condenar a la conservadora Asociación Nacional del Rifle norteamericana, que aporta el 90 % de las armas que se usan en México.

Por un lado, el gobierno combate a los narcos mediante sus propios recursos y el financiamiento y las armas estadounidenses, pero por otro en algunos Estados el poder político se apoya en el negocio ilícito para comprar más armas y para sacar provecho propio.

Por ahora, este círculo vicioso no se puede comparar en magnitud con lo que sucedió y sucede en Colombia, pero no hay duda de que existen intereses poderosos que pretenden crear en México una situación caótica de similares características.

“encerrados en nuestras propias casas”: la violencia y el narcotráfico.

Felipe Calderón a señalado en muchas ocasiones que la guerra contra el narcotráfico en México es un proceso donde las voluntades de todas las fuerzas políticas deben unirse porque los maleantes narcotraficantes se han venido “adueñando del país”, y esta afirmación no esta muy lejos de lo que la población señala. Ciudad Juárez es quizás uno de los estados con mayores problemas de violencia en México al punto que los medios de comunicación ya la han llamado “ciudad miedo”. Sus pobladores, que están alrededor de los 1.3 millones, ya no se sienten seguros ni siquiera dentro de sus casas, porque las pandillas o los grupos de sicarios atentan contra sus blancos sin importar que civiles muy lejanos del conflicto estén cerca. Muchos de los habitantes de Ciudad Juárez aseguran que las balaceras comienzan en cualquier momento y que solo hay tiempo para esconderse. El pasado mes de julio se registro la muerte de de 16 adolescentes que estaban en una fiesta a la que llegaron un grupo de sicarios y los mataron sin reparo al confundirlos con narcotraficantes y adictos, la muerte de estos jóvenes no solo conmovió a toda Ciudad Juárez, sino que también los enfureció al punto que no querían a Calderón en sus tierras, de manera muy explícita le dijeron que no era bienvenido, criticaron algunas de sus políticas y le preguntaron qué sentiría el si mataran a sus hijos, esta reacción llevo a Calderón a endurecer sus políticas de guerra contra el narcotráfico.

Durante el gobierno de Felipe Calderón la cifra de muertos va en 23000 aproximadamente, los civiles muertos cada día son mas y el gobierno los llama “daños colaterales” y han estado ocultas las cifras reales por 12 años; hay alrededor de 80000 pandillas en México de las cuales 214 trabajan con los narcotraficantes, se dan 4000 casos de extorción diarios, se registraron 1791 violaciones a los derechos humanos en el 2009 de los cuales solo el 2% de los casos fueron condenados; los adictos ahora son blanco de los sicarios ( la población de adictos en México es de 4.7 millones y aunque una de las iniciativas del Plan Mérida son los programas sociales hay solo 300 centros de rehabilitación en todo el país); el record de crímenes es de 85 al día y 271 en la semana, se registra que doscientas familias salen del país al mes huyendo de la violencia que ya es intolerable.

El crimen organizado en México es procesado por 22 tipos de delitos penales: fraudes de tarjeta de crédito, trafico de drogas, tráfico de personas, contrabando de comida y servicios, tráfico de armas, trafico de cigarrillos, robo de autos, lavado de dinero, secuestro, extorción, ejecuciones de funcionarios públicos, piratería, infiltración patrimonial, tráfico de indocumentados, falsificación de documentos, trata de personas, falsificación de dinero/bonos, pornografía, homicidios, lesiones y actos de terrorismo.

El crecimiento de la violencia es una de las consecuencias del triunfo del mercado del narcotráfico ante el Estado.

México y la Narcopolitica.

El pasado 4 de julio, México celebró las elecciones regionales más polémicas de su historia reciente. El crimen del candidato a gobernador del Estado de Tamaulipas, en el norte del país, motivó la discusión y análisis en torno a la intervención del narcotráfico en la escena política mexicana.

Durante muchos años funcionarios públicos en México se han visto inmersos en investigaciones que los conectan con el narcotráfico, muchos agentes de policía regional o antinarcóticos han sido incluso ajusticiados por los mismos narcotraficantes debido a la guerra entre carteles por las rutas y los cultivos. Todo esto ha sido un proceso histórico, la clase política ha estado relacionada con el narcotráfico desde varias décadas atrás pero ahora, la Narcopolitica y sus intereses sobre el poder del Estado están floreciendo de nuevo.

El caso “Greg” es el más actual. Gregorio Sánchez, “Greg”, candidato para gobernador del estado de Quintana Roo, y ex alcalde de Cancún, por la coalición de los partidos de izquierda PRD (Partido de la Revolucion Democrata) y PT(Partido del Trabajo), así como del Partido Convergencia, fue detenido en mayo pasado al considerase sospechoso de estar vinculado, blanquear dinero y proteger a organizaciones criminales, en especial a la banda de los Beltrán Leyva y los Zetas.

Los partidos no cuentan con normas internas precisas y puntuales para evitar que, a través suyo, los narcos y bandas criminales sigan escalando posiciones de poder. Responsables directos de haber servido, voluntaria o involuntariamente, como instrumento para que el narcotráfico permeara las estructuras de poder, los partidos políticos hoy no aceptan su parte de culpa en la situación de crisis y violencia que vive el país. Apenas tímida y cínicamente, algunos institutos hablan de “la necesidad de vigilar” a quienes postulan a puestos públicos. Hay indolencia en los partidos para reconocer que ellos son parte del problema que tiene al país al borde de la ingobernabilidad

Durante años la intervención del narcotráfico en la contienda electoral mexicana se limitó a aportes económicos a través de testaferros, pero "ahora opinan a balazos, quieren influir en las elecciones estatales y presidenciales", opina Raúl Benítez, un experto en seguridad nacional e investigador de la Universidad Autónoma de México.

Es cierto que desde la declaración de la guerra a los narcos por parte del gobierno mexicano se produjeron hasta ahora unos 23.000 muertos, mientras que no sólo los tres poderes del Estado están corrompidos, sino que además la policía, el ejército, gobernantes locales y funcionarios aduaneros de ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos están implicados en el conflicto.

En México preocupa esta relación del narcotráfico con la política. Se teme que cada vez sea más común encontrar a funcionarios y candidatos a puestos de gobierno relacionados, o incluso miembros, de carteles de la droga.

Es una preocupación bien fundada, y en especial por la nueva generación de capos, los llamados “narco juniors”, que cuentan con mayor educación, recursos y relaciones que no solo contemplan a grupos delictivos, sino también a empresas, medios de comunicación y política en el país y en el exterior. El gobierno intenta acabar con este problema, pero lo que es evidente es que el narcotráfico cada vez está más extendido y que su influencia es cada vez mayor en la esfera política.