jueves, 28 de octubre de 2010

Minoría Tamil en Sri Lanka: La Suerte de Ser Ciudadanos de Segunda

Por: Diego Alejando Salamanca
Grupo de Estudios Políticos de la Universidad Distrital.

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Pese a la presión de la comunidad internacional, es aún incierto el destino de más de 60.000 miembros de la comunidad Tamil que habita el norte de la isla de Sri Lanka en las “aldeas de bienestar” habilitadas por el gobierno cingalés.

Tras la reelección del presidente Rajapakse y de la victoria de su partido UPFA (la Alianza Para La Libertad Del Pueblo Unido) en las elecciones legislativas realizadas en Abril, no es de ext

rañar que el pueblo Tamil se encuentre preocupado por las condiciones sociales y políticas que le depararan con un Estado dirigido por un nacionalista cingalés evidentemente hostil a los tamiles, y que prácticamente tendrá vía abierta en el congreso para seguir con su política de “guerra contra el terrorismo” que ha tenido como blanco a la minoría hinduista.

La actual situación de los Tamiles, caracterizada por una fuerte discriminación cultural, una exclusión política, una segregación social, y la violación sistemática de los Derechos Humanos, es el resultado de un largo conflicto étnico-político que tiene sus orígenes después de la independencia del imperio británico en el 48.

La comunidad Tamil – proveniente del sur de India – fue introducida en la isla por los británicos para trabajar como mano de obra barata. Después de la independencia, la mayoría cingalesa instauro un Estado en donde no eran reconocidos los derechos de las minorías musulmanas, cristianas e hinduistas. En 1956 se estableció el idioma cingalés como la lengua oficial de Sri Lanka, lo cual afecto a los Tamiles quienes por tradición colonialista hablaban el ingles, además el budismo se instituyó como la religión oficial de la isla. Estas determinacio

nes del naciente estado de Sri Lanka ya denotaban la marginación social que le esperaría al pueblo Tamil; más allá de las posibles diferencias o incompatibilidades culturales, se hacía manifiesto el deseo de la etnia cingalés de mantener la exclusividad del control el país y el desdeño frente a las necesidades de la otra etnia.


Ya en el año de 1970 se crea una legislación de segregación territorial que obliga a que los asentamientos de los tamiles sean ubicados en el norte de la isla, y cuyo puesto de control seria la improvisada capital de Jaffna. Este hecho causa gran descontento social en los hinduistas, quienes empiezan a protagonizar las primeras protestas masivas en contra del gobierno. Sumado a esto, los intentos y las iniciativas de las incipientes fuerzas políticas de los tamiles generan muy poco impacto en el panorama político de la isla; por un lado, un marcado nacionalismo internalizado en las estructuras estatales – pues la gran mayoría de los cargos públicos eran ocupados por budistas de la etnia cingalesa – que imposibilitaba la incursión burocrática de gentes ajenas a la etnia dominante, lo cual dificultaba las reivindicaciones provenientes del partido Tamil. Por otro lado, en la vida social de Sri Lanka el rechazo hacia los tamiles producido por el extrañamiento cultural, devino en un odio retroalimentando entre ambos pueblos, con lo cual se radicalizaría el conflicto, ganando mas esferas en la vida social, tensionando las relaciones políticas y las relaciones cotidianas.

Como forma de represaría por las cada vez más frecuentes revueltas del pueblo tamil el gobierno decidió en 1976 aislar económicamente a los territorios ocupados por estos. Frente a estas condiciones estructurales tan adversas, en el mismo año nace el LITTE (Tigres de la Liberación Tamil Eelam) como un grupo armado de índole separatista cuyos principales objetivos eran lograr la autonomía política del pueblo Tamil como una nación independiente, con un gobernó propio, alejado del poder de los cingaleses.

En sus primeros años esta guerrilla, iniciada por Velupillai Prabhakaran y su familia, se dedico a la búsqueda de adeptos a su causa entre las demás comunidades tamiles de todo el mundo, y a engrosar sus filas con otros grupúsculos tamiles que habitaban el norte y el noreste de la isla. Como tal, los territorios que los tigres reclamaban eran los que se ubican entre la península de Jaffna y la ciudad de Trincomale al este, territorios que habían sido habitados desde su llegada y colonizados tras la segregación. Los tigres tamiles justificaban la creación de una fuerza armada irregular con el argumento de que la lucha política había sido infructuosa para garantizar las mínimas condiciones de vida dignas de su pueblo, y que sus Derechos Humanos como minoría étnica habían sido violados desde el inicio de la nación esrilanquesa.

El gobierno cingalés no cede a la presión ni a las exigencias de los tigres, de modo que en el año de 1983 se da comienzo a una guerra civil, que según cifras de las Naciones Unidas cobro más de 68.000 vidas en 19 años. Esta guerra civil se caracterizo por una desconsideración hacia la seguridad de la sociedad civil – de ambas partes–, el ejército no dudaba en bombardear las zonas tamiles en busca de bajas guerrilleras, y los tigres usaron una estrategia bélica que combinaba las tácticas clásicas de guerrillas con atentados de bombas con suicidas a locaciones civiles – sobre todo fueron reconocidos los atentados suicidas de mujeres, las llamadas “tigresas negras” – lo que les hizo valer el titulo de ser una organización terrorista por parte de la Unión Europea.

El sangriento conflicto ya había hecho estragos en la economía del país, las numerosas bajas en los combates daban la impresión de que el asunto se había salido de las manos, desestabilizando el poder de los budistas, además las indiscriminadas contraofensivas del ejército, en donde la desaparición, tortura y asesinatos de civiles eran ya frecuentes en el tratamiento del problema empezaban a preocupar los organismos multilaterales y a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.

En el 2002 gracias a la intervención del gobierno de Noruega se dio inicio a los diálogos entre ambas partes, teniendo como resultado un alto al fuego y el compromiso del gobierno cingalés de mejorar las condiciones de vida para los tamiles. En el 2005, tras el tsunami que azotó toda la región el gobierno esrilanqués consintió en repartirse conjuntamente los recursos para las zonas afectadas. En este periodo se auguraba señales de paz, ya que el Estado de tradición inflexible hacia las necesidades tamiles, permitió la representación y participación de líderes tamiles en la dinámica estatal que propiciaran condiciones de igualdad y apoyo civil al pueblo civil tamil, aunque tiempo después los críticos del gobierno acusaron al presidente Rajapakse de simular una participación política que no dejaba de ser ficticia y que solo servía de fachada para mostrar procesos democráticos ante la comunidad internacional

Sin embargo, en este mismo año la paz provisional empezaba a tambalearse por el asesinato del ministro del interior presuntamente realizado por los tigres tamiles, y por el desarrollo militar de esta guerrilla que logró configurar en poco tiempo algunos navíos de combate y en ser el primer grupo insurgente – y el único – en disponer de una fuerza aérea. En el 2008 se da por terminada la tregua ya que ambas partes continuaban combatiendo.

A partir de entonces el gobierno ejecutó una fuerte arremetida militar contra los tamiles, dejándolos cercados en el este e impidiendo el paso de comida y medicinas incluso a la población civil a quienes el gobierno acusaban de apoyar los separatistas. Posteriormente, el LITTE sufrió varios golpes importantes y la falta de provisiones terminó por fragmentar a la guerrilla. Este hecho hizo que a principios del 2009 los tigres tamiles pidieran un alto al fuego al gobierno, propuesta que fue rechazada pues era obvio que el fin de los tigres ya estaba cerca. En el mismo año la muerte en combate de su líder Prabhakaran desmoralizó a la virtualmente acabada guerrilla y obligó al abandono de las armas.

Con la victoria cingalés en marzo del 2009 la población tamil sobreviviente del conflicto fue rápidamente desplazada por el ejército y obligados a acentuarse a las “aldeas de bienestar” que el presidente había ordenado para la ubicación y control de esta minoría. Según versiones de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch y del FTG (Foro Global Tamil) más bien se trató de campos de concentración en donde el pueblo tamil ha estado cercado y confinado, y en donde varios miembros fueron desaparecidos y asesinados con el pretexto de acabar con el terrorismo del LITTE.

El gobierno niega las acusaciones de violaciones a los Derechos Humanos y de la creación de campos de concentración. Según el presidente Rajapakse son falsas estas acusaciones, más bien se trata de una campaña de desprestigio que miembros del LITTE ahora ubicados en el FTG usan para difamar al gobierno, y así legitimar su intención de fundar un Estado separatista (como la reciente visita del FTG al gobierno de Canadá buscando exilio), y que incluso esta campaña de difamación es auspiciada por potencias internacionales como Inglaterra para justificar invasiones extranjeras que amenaza con la soberanía nacional de Sri Lanka y con el Estado legalmente constituido.

Por otro lado, el gobierno prometió que este año se dejarán en libertad a la población tamil retenida y que su detención era necesaria para evitar que miembros del LITTE se escondieran entre los civiles, además la población es protegida y que incluso el gobierno está elaborando en esas aldeas programas de rehabilitación y reinserción social de niños exguerrilleros (pese a que Amnistía Internacional ha denunciado que las condiciones de vida en esas zonas son insalubres y que muchos han muerto por desnutrición).

Lo que agrava más esta situación es que ésta se mantiene oculta ante la opinión mundial, pues el gobierno ha impedido cualquier incursión de prensa internacional o privada, la falta de comunicación no deja establecer cuáles son las situaciones reales en las que se encuentra la población tamil. Frente a estas circunstancias los organismos internacionales continúan presionando para la liberación de esta población, ya que el gobierno de Sri Lanka ha postergado en varias ocasiones esta petición.

Los detractores del gobierno y miembros de la comunidad tamil mundial tachan la situación de un “genocidio silencioso”, mientras que la clase política dominante liderada por Rajapakse argumentan que están defendiendo la seguridad del país con un proceso de “reconciliación e integración nacional”. Lo único claro es que al interior de la minoría étnica existe un ambiente de miedo respecto al porvenir político y social de sus miembros.